El mal funcionamiento del transporte público es un abuso a los derechos humanos, pues el transportarse en forma confiable y segura desde su hogar hasta su trabajo y viceversa es un derecho que todo ciudadano posee, como el derecho a salud, vivienda y educación.*

Nuestros impuestos generan los recursos para que ese derecho se cumpla, mas allá de los intereses de las empresas prestadoras.